Para ordenar el ingreso en jornadas de alta demanda.
La discusión se apoya en un diagnóstico compartido: cuando confluyen cruceros, excursiones y turismo particular.
El acceso se vuelve más lento y la congestión puede derivar en situaciones de riesgo fuera del predio.
De acuerdo con LA17. El vicepresidente de la administración, Santiago Arnaldi, explicó en El Quinto Poder por #LA17.
Que el punto de partida es entender que el ingreso por El Desempeño no funciona como un peaje tradicional.
Allí se controla el acceso y se brinda información sobre cómo circular en un área natural protegida.
Un proceso que demanda tiempo cuando llegan grandes volúmenes de visitantes.
En ese marco, la venta anticipada aparece como una herramienta concreta para acelerar el flujo.
Arnaldi señaló que los colectivos que arriban con listas prearmadas y tickets gestionados con antelación reducen demoras.
En contraste con los grupos que deben completar trámites en el momento. Esa diferencia se vuelve decisiva cuando ingresan varios micros juntos.
El sistema enfrenta “cuellos de botella” que se potencian con la masividad.
Según describió el funcionario, cuando coinciden cruceros y excursiones, el control se ralentiza y la fila crece.
“No nos olvidemos que eso no es un peaje”, remarcó, al señalar que parte del procedimiento incluye indicaciones para moverse dentro de un área protegida.
Más allá del tiempo perdido, lo que preocupa es el efecto sobre la seguridad vial.
Durante los colapsos, algunos visitantes se bajan de sus vehículos en plena ruta, una conducta que expone a peatones y automovilistas.
Arnaldi lo planteó como un riesgo que obliga a actuar con medidas preventivas para evitar que la congestión se traslade a situaciones peligrosas.
En ese marco, la venta anticipada aparece como una herramienta concreta para acelerar el flujo.
Arnaldi señaló que los colectivos que arriban con listas prearmadas y tickets gestionados con antelación reducen demora.
En contraste con los grupos que deben completar trámites en el momento. Esa diferencia se vuelve decisiva cuando ingresan varios micros juntos.
El sistema enfrenta “cuellos de botella” que se potencian con la masividad.
Según describió el funcionario, cuando coinciden cruceros y excursiones, el control se ralentiza y la fila crece.
“No nos olvidemos que eso no es un peaje”, remarcó, al señalar que parte del procedimiento incluye indicaciones para moverse dentro de un área protegida.
Más allá del tiempo perdido, lo que preocupa es el efecto sobre la seguridad vial.
Durante los colapsos, algunos visitantes se bajan de sus vehículos en plena ruta, una conducta que expone a peatones y automovilistas.
Arnaldi lo planteó como un riesgo que obliga a actuar con medidas preventivas para evitar que la congestión se traslade a situaciones peligrosas.
En paralelo, la administración también discute cómo sostener la experiencia turística ante restricciones en sectores del circuito.
El cierre de miradores abrió un frente de trabajo que combina aspectos legales, responsabilidades civiles.
Y posibilidades de inversión, siempre dentro de las reglas que impone el carácter de área protegida.
Arnaldi describió como problemática la lógica de exigir inversión estatal sin asumir responsabilidades y, al mismo tiempo, pretender una ganancia privada.
En ese punto, la administración remarcó que sus ingresos provienen de la entrada y que esos recursos no alcanzan.
Por sí solos para cubrir el manejo de un territorio extenso, por lo que las decisiones deben ser consistentes con la capacidad real de operación.
En contraste, el funcionario destacó que existen propietarios con una predisposición distinta para regularizar situaciones y sumar propuestas dentro del marco legal.
Esa línea de trabajo apunta a ampliar la oferta con proyectos que incluyan inversión y servicios, evitando que el peso recaiga por completo en la administración.
Dentro de las ideas en evaluación también aparece la posibilidad de recuperar puntos turísticos hoy cerrados, como el sector de Punta Delgada.
Aunque se trata de un tema más complejo por la intervención de distintas jurisdicciones. La intención, según se explicó.
Es sostener una agenda de gestión que combine accesos ordenados, seguridad en ruta y alternativas para el visitante.